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Como siempre.............. la culpa es de la vaca

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“El vino es inocente solo el borracho es el culpable”

 

Con la expedición de la Ley 1425 de 2010, nuestro querido legislador le hizo caso a aquellos cantos de sirena que señalaban la existencia de los incentivos como una privatización de la defensa de los  intereses públicos  y una seria amenaza  a las arcas públicas, como si la culpa de los desaguisados administrativos sea de los veedores ciudadanos o  de verdad se crea que puede ser de algún recibo aquella doble moral  de que existe la necesidad de defender lo público solo por el hecho de ser público”; máxime que es más que evidente que si ello  fuera así, la rasgada de vestiduras se viera acompañada  de un mayor apoyo logístico y de personal a los organismos de control, los cuales a pesar de sus buenos oficios han demostrado tener una infraestructura limitada frente al KRAKEN  de la corrupción.

 

P.D:   Como decía un famoso payaso, OJO PELAO con los recursos que vienen para los damnificados por la ola invernal, que ya está comenzando la temporada de HURACANES PREELECTORALES.  

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Comentarios Como siempre.............. la culpa es de la vaca

se le ha negado a la ciudadania la oportunidad de hacer contro sobre el patrimonio publico, los incentivos son necesarios ya que los organos de control son muy escasos
alberto alberto 16/01/2011 a las 16:08
Alberto, el problema no es que sean escasos, el problema es el mismo sistema de control, ese cuento de control posterior mediante una muestra aleatoria no sirve.
Sabia usted a que quienes votaron la ley 1425 de 2010, les sobrevino una incompatibilidad y por ello debian declarase impedido; en la medida que los partidos politicos  fueron condenados en acción popular a reintegrar el dinero por reposición de votos , creo que curso en el juzgado 12 adminsitrativo de Bogota.
Ahora cursa otra acción popular contra los legisladores  condenados  por la llamada parapolitica y otros  en el juzgado 43 Ad. N.2008-056 y juzgado 21 No.2008-120.
De otra parte al estar vigente el articulo 34 de la  472 de 1998 , que reconoce el incentivo  y como quiera que salieron de la vida juridica  el articulo 39 y 40 que se referia al cuantun ó monto del mismo en favor del actor,, concidero viable que con bas en el principio de integración normativa se debe aplicar el articulo 1005 del codigo civil.

La corte constitucional en sentencia de  Sentencia C-512/04 dijo .
“ 3. La fijación de incentivos no contraría el principio constitucionalidad de solidaridad -reiteración de jurisprudencia-
El actor también acusa el aparte del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 que señala que el juez, al momento de proferir la sentencia dentro de una acción popular “(...)Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular.” El cargo presentado contra este aparte es el relativo a la vulneración del principio de solidaridad toda vez que, según el actor, la acción de protección de los derechos colectivos no debe ser recompensada, so pena de contrariar el principio mencionado el cual, según el demandante, está relacionado con la gratuidad. Como se dijo en la Sentencia C-459/04, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería,
“(...) las acciones populares combinan el deber de solidaridad que a todas las personas les atañe, con la potestad del Estado para inducir, promocionar, patrocinar, premiar y, en general, estimular el ejercicio de tales acciones en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social. Los cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohija un modelo ético único, pues, según se vio, la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas. Es decir, respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber de solidaridad, el Congreso prevé un estímulo que resulta válido frente a la efectiva defensa de los derechos e intereses colectivos, el cual resulta proporcionado al tenor de los topes limitativos del monto del incentivo a decretar judicialmente. De suerte tal que, a tiempo que el demandante reporta un beneficio para sí, la sociedad misma se siente retribuida con la efectiva reivindicación de sus derechos e intereses colectivos.
Ahora bien, según se ha destacado en líneas anteriores, bajo los mismos presupuestos normativos el demandante puede ser una entidad pública, caso en el cual, el incentivo reconocido judicialmente quedará bajo la titularidad del Estado, Es decir, no se causará erogación alguna a favor de particulares, al propio tiempo que el Tesoro Público se fortalece, o cuando menos, se mantiene sin variación con referencia a las resultas de la correspondiente acción popular.
De otro lado es importante señalar que el actor propone en su demanda un falso dilema entre solidaridad y gratuidad, toda vez que, (...) la solidaridad es compatible con la benevolencia. Esto es, el interés público se puede materializar con el simultáneo beneficio del interés particular, ya que ninguna regla constitucional auspicia ni ampara la anulación de todo bienestar privado en la perspectiva del bienestar público.”
Así las cosas, la Corte declarará exequible el aparte demandado del artículo 34 por encontrar que al ser compatible con la solidaridad no contraría la Constitución.
Igualemnte en sentencia C-459 de 2004 expreso .
“SOLIDARIDAD-Puede ser inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado
Teniendo la solidaridad tanto móviles para su ocurrencia, no es de esperar que ella siempre despunte por generación espontánea, dado que, si bien la espontaneidad para dar de sí a quien lo necesita es una importante fuente de solidaridad, es de reconocer que ésta puede ser válidamente inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social. Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas.
Basilio Arteaga Basilio Arteaga 15/02/2011 a las 14:51
obserevese que las personas que estubieron al frente de la eliminacion de los insintivos todos son arrodillados del señor alvaro uribe y todos son de la rosca de la corrupcion, es mas con este actuar aumentan la corrupcion, porque yo en vez de seguir persiguiendo la corrpcion ahora, con las acciones populares,  me aobligan a aderirme a la corrupcion,  
porque no tiene sentido, para una persona de cualquer indole entablar  una accion popular sin incentivos,
1o  expone su integridad fisica, permanentemente
2o  se rellena de enemigos, todos corruptos
3o  tiene que gastar dinero donde no tiene
4o tiene que estar presente en los despachos por su propia cuenta,   
5o   tiene que invertir años o meses para hacer seguimiento, por sus propios medios
6o la elaboracion de la demanda, tiene mucho tiempo de frente a un computador 
ect.  o sea que en sintisis el mal es para el pais en cabeza de los corruptos porque van comer hasta reventar  hasta que la gente, asimile los egipcios los cuales no tienen mas pantalones que los colombianos porque dese cuenta que aqui la corrupcion fundo los crimenes atroces y el desplazamiento forzado desde hace años ahora se le creecio el henano a as i sera todo.    
oner gomez oner gomez 15/02/2011 a las 23:44
saludos por esta oportunidad  me da pesar porque los corruptos les hira ir muy mal ustedes saben que el hombtr sienmpre sera victima de sus propios inventos, sin incentivos nadie hace acciones populares, reno
reno semog reno semog 15/02/2011 a las 23:48

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