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RESOLUCIÓN 661 DE 2019 ( Requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación)

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RESOLUCIÓN 661 DE 2019 ( Requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación)

El artículo 250 de la Ley 1450 de 2011 señala que:
“ARTÍCULO 250. EVALUACIÓN Y VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el competente para evaluar y viabilizar los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación y sus entidades públicas descentralizadas a través del mecanismo que defina.
Aquellos proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico financiados exclusivamente con recursos de las entidades territoriales en el marco de los Planes Departamentales para el manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento, serán evaluados y viabilizados a través de un mecanismo regional, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional”

Con la finalidad de continuar la reglamentación de dicho artículo, el Gobierno Nacional expidió la Resolución 661 de 2019 (que deroga la Resolución 1063 de 2019), a fin de establecer los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.
La Resolución va dirigida a Departamentos, Distritos y Municipios con la finalidad de realizar inversiones para ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, tales como:
1.Formulación e implantación de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo.
2. Acciones de fortalecimiento institucional de las entidades de acueducto alcantarillado y/o aseo (reducción de agua no contabilizada, reestructuración de empresas prestadoras del servicio, catastro de redes, sistemas de implementación del área comercial, catastro de usuarios, estudios de costos y tarifas, manual de funciones, implementación del Plan Único de Cuentas-PUC y demás acciones enmarcadas en la ley 142 de 1994).
3. Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de acueducto y alcantarillado, construcción de presas para almacenamiento y regulación siempre y cuando su finalidad sea la de asegurar abastecimiento de agua para el sistema de acueducto.
4. Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de disposición final, tratamiento y/o aprovechamiento de residuos sólidos. En aquellos casos en que se contemple el aprovechamiento de residuos sólidos el proyecto debe presentar el estudio de mercado que determine su viabilidad financiera.

5. Conservación de microcuencas que abastecen el sistema de acueducto, protección de fuentes y reforestación de dichas fuentes y aguas subterráneas. Gestión de riesgos de los diferentes componentes de los sistemas de acueducto alcantarillado y aseo.
6.Equipos requeridos para el funcionamiento de los sistemas de acueducto alcantarillado y aseo. (Ejemplo: Bombas, transformador eléctrico, tableros de control, entre otros). Estudios, diseños, interventoría y supervisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1169 de 2007 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
7.Diagnósticos técnicos e institucionales.

Señalando en dicha resolución: a)los requisitos que deben cumplir las entidades territoriales para acceder a recursos de la nación para poder acceder a los recursos de la Nación para los proyectos priorizados en virtud de los planes departamentales de agua; b)Los conceptos de evaluación de proyectos; c) La conformación del Comité Técnico de Proyectos y sus funciones, etc. Todo ello con la finalidad de garantizar el mejor control sobre los recursos financieros y el cumplimiento de su ejecución y la planeación de inversiones estratégicas de fortalecimiento institucional.

Por lo que constituye una herramienta que se debe estudiar, a fin de seguir contribuyendo con el CONTROL SOCIAL como deber y derecho ciudadano; para que los ciudadanos hagan la vigilancia y seguimiento de los proyectos que de una u otra forma vienen siendo financiados con el Sistema General de Regalías. Sobre todo en nuestra REGIÓN CARIBE.

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