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PROBLEMAS JURÍDICOS

1.¿No cuenta DIMAR con las competencias necesarias para restituir playas y zonas de bajamar?,
2.¿Es necesario que soliciten facultades y competencias necesarias a través de una reforma legal?
3. ¿Es cierto que DIMAR ejerce su autoridad a través de terceros?

Señala el artículo 63 de la Constitución Nacional que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables; en dicho sentido entonces, ha señalado nuestra Honorable Corte Constitucional que no existe discusión del carácter de bien de uso público de las playas marítimas; y es así como el artículo 82 idem señala que es deber del Estado de velar por la integridad del espacio público y su destinación al uso común el cual prevalece sobre el interés particular.
La vocación de los bienes de uso público es su utilización y disfrute colectivo en forma libre, sin perjuicio de las restricciones que puedan ser impuestas por parte de las autoridades competentes; lo anterior es lo que le impregna el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.

 


Es por ello que el artículo 679 del Código Civil es contundente al señalar que:"…Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión.»"
Y más adelante, el artículo 682 idem, consagra que no se adquiere el dominio sobre bienes de la unión, por el simple hecho de construir sobre él mejoras, incluso, si se cuenta con autorización de la autoridad competente:"…Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de propiedad de la Unión, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo.


Es por ello que en caso de presentarse una ocupación irregular o ilegal en bienes de uso público por parte de particulares, esto es, sin la debida autorización de la autoridad competente, el Estado cuenta con los instrumentos necesarios para obtener la restitución de los mismos, a través del poder de policía o de los demás mecanismos legales que consagra la ley." (Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 2003)».
Mediante el Decreto 2324 de 1984 se reorganizó la Dirección General Marítima (DIMAR) como una dependencia del Ministerio de Defensa, agregada al Comando de la Armada Nacional cuyo ámbito de jurisdicción incluye las playas y terrenos de bajamar, y se estableció que las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo.
Decantado lo anterior tenemos que, es indubitable que la DIMAR tiene jurisdicción sobre las playas y terrenos de bajamar, e incluso es la misma quien legalmente tienes las atribuciones para otorgar permisos y licencias para el uso y goce de las playas y terrenos de baja mar por parte de los particulares, y de contera el Honorable Consejo de Estado ha definido los inexistentes conflictos de competencia entre la DIMAR y otras autoridades administrativas ( inexistentes por el hecho de que las jurisdicciones y competencias se encuentran debidamente delimitadas).


En efecto, en sentencia del 13 de Mayo de 2005 nuestro Honorable Consejo de Estado dejó claro que el Decreto 2324 de 1984 no dispone que la restitución de los bienes de uso público deba ser decretada en dos instancias; sino que antes bien, en su artículo 11 faculta al Director General Marítimo para expedir todos los actos necesarios al cumplimiento de las funciones de la DIMAR (numeral 3) y para imponer por sí mismo multas y sanciones, o bien para conocer por vía de apelación de aquellas que impongan los capitanes de puerto.


Y así mismo en sentencia de 18 de Junio de 2004, el mismo Consejo de Estado ya había resuelto el problema jurídico referente a si las Capitanías de Puertos carecían de la competencia para ordenar la restitución de bienes de uso público, por considerar que dicha competencia era una función de policía encargada a los alcaldes; dejando claro en su fallo que, en tratándose de playas y terrenos de bajamar, la competencia para ordenar su restitución a la Nación no sigue los lineamientos generales de la norma antes mencionada, sino los preceptos especiales que regulan la materia. La Ley 1ª de 1991, por la cual se expide el estatuto de puertos marítimos y se dictan otras disposiciones, que establece en su artículo 1°: «Artículo 1. En desarrollo del artículo 32 de la Constitución Política, la dirección general de la actividad portuaria, pública y privada, estará a cargo de las autoridades de la república, que intervendrán en ella para planificarla y racionalizarla, de acuerdo con esta ley.» El artículo 2° del Decreto 2324 de 1984 «Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria», establece: «Artículo 2. Jurisdicción. La Dirección General Marítima y Portuaria ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marino y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelos marinos, aguas supradyacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar...» Entre las funciones asignadas a la DIMAR en el artículo 4° del Decreto 2324 de 1984, se encuentra la del numeral 21, que dice así: «Artículo 4. ...21. Regular, autorizar y controlar las concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público en las áreas de su jurisdicción.» Como función del Director General de la DIMAR, el numeral 5 del artículo 11 señala la de imponer las multas o sanciones contempladas por la ley, los decretos o reglamentaciones y conocer por vía de apelación de las que impongan los Capitanes de Puerto. El artículo 20 determina las funciones de las Capitanías de Puerto, y su numeral 8° dice así: "Artículo 20. Capitanías de Puerto. Son funciones de las Capitanías de Puerto.(...) 8. Investigar, aún de oficio, los siniestros y accidentes marítimos, las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos que regulan las actividades marítimas y la Marina Mercante Colombiana y dictar fallo de primer grado e imponer las sanciones respectivas". El artículo 166 establece cuáles son los bienes de uso público y como tales intransferibles a cualquier título a los particulares, a saber: "Artículo 166. Bienes de uso público. Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo". Que era claro entonces que bajo todo el anterior contexto normativo si son competentes las Capitanías de Puerto para ordenar la restitución de estos bienes de la Nación.


Y reiteró y aclaró en sentencia 8 de junio de 2006, que la jurisdicción que tiene la Dirección Marítima y Portuaria sobre las zonas de bajamar, según el artículo 2.° del Decreto 2324 de 1984 no se excluye o se contrapone a las facultades de los alcaldes para restituir bienes de uso público según la Ley 9ª de 1989; y que tanto una como otra son concurrentes. En efecto, el Decreto 2324 de 1984, como norma especial, no se contrapone al artículo 69 de la Ley 9ª, norma general posterior que concede la misma facultad a los alcaldes. La Sala se ha pronunciado así: Por lo demás, el Código de Régimen Municipal expedido mediante el Decreto 1333 de 1986 dispone que toda ocupación permanente de las vías, puentes y acueductos públicos es atentatorio de los derechos del común, y los que en ellos tengan parte serán obligados a restituir, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada y un tanto más de su valor, además de los daños y perjuicios de que puedan ser responsables (ibídem, art. 170 inciso segundo), y asigna al personero la atribución de ‘demandar de las autoridades competentes las medidas de policía necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de uso público’ (ibídem, art. 139, regla 7ª). (Sala de Consulta y Servicio Civil. 1995. Rad. 745)’, no sirve de sustento para alegar la incompetencia de las Capitanías de Puerto y de la Dirección General Marítima para adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la recuperación de los bienes bajo su vigilancia». En definitiva, la DIMAR tiene como ha dicho la Sala– la potestad de recuperar mediante acto administrativo unilateral los bienes de uso público de su jurisdicción. Pero también la tienen los alcaldes respecto de los terrenos de bajamar situados dentro del espacio público de la ciudad, pues el artículo 5° de la Ley 9ª los incluye expresamente en dicho espacio; y el artículo 69 ibídem los habilita para decretar la desocupación o lanzamiento.


De manera que ( A nuestro leal saber y entender), basta lo normado en el artículo 76 y ss del DECRETO 2324 DE 1984 como facultades suficientes y necesarias para la restitución de las playas y las zonas de bajamar, que no se requiere reforma legal o transformación de la DIMAR alguna ( No se vengan a resultar inventando una AGENCIA NACIONAL MARITIMA O ALGO POR EL ESTILO… QUE POR CIERTO NO HAN SERVIDO PARA UN NADA ESAS AGENCIAS NACIONALES), y que la DIMAR y las alcaldías deben actuar dentro del más férreo principio de colaboración en aras de cumplir con unos fines del Estado y no solo poner en obra unos medios.

 

*Artículo 11.-Funciones del Director General. Son funciones del Director General:... 3. Expedir los actos y realizar las operaciones para el cumplimiento de las funciones de la Dirección General Marítima, conforme a las disposiciones legales y estatutarias. Luego era infundada la acusación. ... 5. Imponer las multas o las sanciones contempladas por la Ley, los Decretos y conocer por vía de apelación de las que impongan los Capitanes de Puerto.»

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