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DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VENDEDORES AMBULANTES

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DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VENDEDORES AMBULANTES

Los artículos 63, 82, 102, 313 y 315 de nuestra Constitución Política reglamentan todo lo referente al espacio público, las competencias que tienen las diferentes autoridades respecto al mismo y la naturaleza inembargable e imprescriptible del mismo; estableciéndose por tanto el espacio público en una garantía constitucional compuesta de bienes inmuebles públicos destinados a la satisfacción del interés general y la utilización colectiva. En consecuencia, son ajenos a cualquier acto de comercio y no pueden formar parte de bienes privados ni tampoco de bienes fiscales. Con esta protección se busca garantizar una mejor calidad de vida a los habitantes del territorio, permitiendo el acceso libre y protegiendo sus derechos y libertades, parámetros base del Estado Social de Derecho.


Por todo lo anterior, tenemos que diariamente surge un enfrentamiento entre el deber de velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común y el derecho al trabajo de los comerciantes informales que ocupan dichos espacios; cuestión que se agrava por la falta de una política pública para la atención de los vendedores ambulantes, pues lo máximo que se encuentra en todos los municipios del país es la existencia de REGISTRO UNICO DE VENDEDORES AMBULANTES que a lo sumo sirven para demostrar “CONFIANZA LEGITIMA” pero que definitivamente no ha podido lograr mecanismos de formalización y verdadero estudio socioeconómico de las personas que se ven en la necesidad de ocupar el espacio público.


La Jurisprudencia Constitucional, ante la implementación de políticas de recuperación del espacio público, ha reconocido la importancia de proteger los derechos de los trabajadores informales que desempeñan su trabajo en el espacio público debido a que hacen parte de un grupo poblacional que se encuentra en condición de debilidad manifiesta o vulnerabilidad. En consecuencia toda política de recuperación del espacio público debe adelantarse de manera que no lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de la población más pobre y vulnerable, respetar el debido proceso y reconocer el principio de confianza legítima.


Cursa en el Congreso de la República el proyecto de Ley 269-19 que pretende recoger las anteriores iniciativas legislativas y en fin establecer una POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS VENDEDORES INFORMALES encaminada a:
a) Establecer programas y proyectos encaminados a garantizar el mínimo vital de ésta población, y a gozar de una subsistencia en condiciones dignas.
b) Desarrollar programas de capacitación de vendedores informales en diversas artes u oficios a través instituciones capacitación de vendedores informales en diversas artes u oficios a través del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
c) Fomentar proyectos productivos para los vendedores informales.
d) Reglamentar el funcionamiento de espacios o Locales Comerciales de Interés Social (LCIS), para promover la inclusión social y mejorar condiciones de vida de vendedores informales.
e) Establecer acciones de control y seguimiento que permitan evidenciar la evolución de la situación socioeconómica de la población, para la toma de decisiones.
f) Impulsar investigaciones o estudios sobre los vendedores informarles, a fin de enfocar soluciones a sus problemas prioritarios.
g) Reglamentar el registro único de vendedores informales, el cual deberá ser actualizado periódicamente.

Iniciativa está que aplaude completamente al sector de Pedro Pueblo quienes para el DANE es un TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA y para la policía y las autoridades encargadas de velar por la recuperación del espacio público un OCUPANTE ILEGAL DEL ESPACIO PÚBLICO, pues se han visto afectados por la brillante idea (DE LOS QUE HOY SE RASGAN LAS VESTIDURAS) de entregar el control del espacio público a las autoridades policivas.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-257-17.htm

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