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OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, PASIVO PENSIONAL, PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS TEMAS BANALES

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OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, PASIVO PENSIONAL, PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS TEMAS BANALES

El artículo 354 de la Constitución Nacional señala que: “Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley”; de conformidad con lo anterior, se expide la Ley 286 de 1996 por medio de la cual se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se establece que una de las obligaciones de la Contaduría General es: “Señalar y definir los estados financieros e informes que deben elaborar y presentar las entidades y organismos del sector público, en su conjunto, con sus anexos y notas explicativas, estableciendo la periodicidad, estructura y características que deben cumplir”; encontrándose dentro de la anterior obligación, el emitir las disposiciones contables que deben aplicar las entidades públicas a efectos del reconocimiento de su pasivo pensional ( cumpliéndose tal obligación con la expedición del Régimen de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad Pública, la Doctrina Contable Pública, la Resolución 585 de 2009 y la Resolución 320 de 2019)


Sobre esta última (Resolución 320 de 2019), tenemos que, establece que es obligación de las entidades territoriales determinar los saldos relacionados con el pasivo pensional y los fondos que lo financian; debiendo recordar los funcionarios de las diferentes autoridades territoriales, que la Procuraduría General de la Nación ha establecido dentro de sus Conceptos y Providencias, que son de obligatorio cumplimiento todo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación en convergencia con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público ( NICSP); y por ello deben garantizar los adecuados flujos de información, que les permitan registrar oportunamente las operaciones que se den entre ellas, garantizando que se cumplan las características cualitativas de la información financiera.


Por su parte, El artículo 3º del Decreto 055 de 2009 por medio del cual se expiden disposiciones en relación con el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, establece en su artículo 3° que: “Para los efectos del presente decreto se entenderá que una entidad tiene cubierto su pasivo pensional cuando (i) la suma de las reservas constituidas en el Fonpet y las reservas líquidas constituidas en el Fondo Territorial de Pensiones y los demás patrimonios autónomos de la entidad territorial que tengan por finalidad el pago de pasivos pensionales, sean equivalentes al valor del pasivo pensional, en los términos del inciso 4° del presente artículo, y (ii) cuando sus entidades descentralizadas hayan cubierto su pasivo pensional en los términos del inciso 5° del presente artículo”


Todo lo anterior, en buen romance indica que es menester que las entidades territoriales procuren al 31 de Diciembre de 2019, reconocer dentro de sus estados financieros e incorporar a sus balances el pasivo pensional, y procurar subsanar lo señalado por la Contraloría General de la República que estableció en el Informe de auditoría al Balance General de la Nación que: “En relación con los procedimientos y políticas contables que la CGR considera inadecuadas porque no contribuyen a reflejar fidedignamente los hechos económicos incorporados en los estados financieros, encontramos los establecidos por la Contaduría General de la Nación para el reconocimiento y revelación del pasivo pensional de los fondos de reserva que considera su cálculo actuarial como pasivos contingentes y en consecuencia su valor no afecta la estructura patrimonial del estado de situación financiera”.


Para nosotros, Pedro Pueblo; todo lo anterior cobra relevancia, máxime cuando se discute dentro del Presupuesto General de la Nación para el año 2020, el famoso artículo 44 que establece que las universidades públicas deben pagar con recursos asignados para educación las sentencias o fallos proferidos en su contra, entendiendo por muchos que los recursos asignados para educación terminaran pagando PASIVOS PENSIONALES; sin embargo, olvidan los contradictores, que: 1) Las instituciones de Educación Superior no pueden sustraerse del cumplimiento de los fallos judiciales ( y menos cuando al mismo tiempo que se pretende sustraerse de tal obligación se enarbolen las banderas de la autonomía universitaria) y 2) Que, en relación con la concurrencia del pasivo pensiona! de las instituciones de educación superior oficiales, el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 prescribe que "Cada una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial, departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo pensiona! contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las Cajas de Previsión, o Fondos autorizados, descontando el valor actuaria! de las futuras cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar según lo previsto en la presente Ley, en aquella parte que corresponda a funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de Iniciación de la vigencia de la presente Ley. Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución. Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el promedio de los cinco (5) últimos presupuestos anuales, anteriores al año de iniciación de la vigencia de la presente Ley. Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionares de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno Nacional"… Lo que finalmente lleva a la pregunta obligada: ¿ Los contradictores del artículo 40 del proyecto de Presupuesto General de la Nación replantearan su posición, ante el hecho que el presupuesto que se defiende usando la autonomía universitaria también debe cubrir pasivos pensionales?

Mientras se responde esa pregunta, esperemos que la Resolución 320 de 2019 sea utilizada para poner por fin la casa en orden en un tema tan trascendental como el pasivo pensional de las entidades territoriales, y que finalmente los montos de los mismos sean claramente determinados para poder buscar los recursos para asumirse; y que frente al Presupuesto General de la Nación para el año 2020 (en donde se supone han participado todas las corrientes políticas del país) y en general cualquier propuesta hecha por el ejecutivo, se procure dar soluciones antes de poner palos a la rueda.

 

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