Avisar de contenido inadecuado

NUESTRO CONCEPTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO

{
}

En profusos documentos como cartillas, conceptos, oficios, etc., el Ministerio de Salud ha dado claridad a las directrices establecidas en la Resolución 518 de 2015, especialmente la consignada en su artículo 14 que a su tenor reza:


“ARTÍCULO 14. CONTRATACIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL. Las intervenciones colectivas se contratarán con las instituciones que tengan capacidad técnica y operativa, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 de la presente resolución y cumpliendo con la normatividad vigente en materia de contratación estatal, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

14.1. La entidad territorial contratará prioritariamente con las Empresas Sociales del Estado ubicadas en el territorio (incluye las IPS indígenas), las acciones del PIC para las cuales tenga capacidad técnica y operativa.

14.2. Cuando la IPS pública ubicada en el territorio no esté en capacidad de ejecutar algunas acciones del PIC, la entidad territorial podrá contratarlas con Empresas Sociales del Estado de municipios vecinos. Del mismo modo, podrá contratarlas cuando por su ubicación geográfica, estas IPS estén en mejor capacidad de garantizar el acceso de la población a dichas intervenciones.

14.3. En el evento de que las IPS públicas no cuenten con la capacidad técnica y operativa, la entidad territorial podrá contratar las acciones del PIC con instituciones prestadoras de salud privadas ubicadas en el municipio, organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades y otras entidades privadas cuyo objeto social esté relacionado con la prestación de las acciones que se contraten, siempre y cuando cumplan los criterios definidos en el artículo 15 de la presente resolución. En estos casos, se acudirá a los parámetros de selección previstos en la normativa vigente sobre la materia.

PARÁGRAFO 1o. La institución que sea contratada para ejecutar las acciones PIC no podrá subcontratarlas. Sin embargo, podrá contratar las actividades de apoyo que permitan la ejecución de las intervenciones, procedimientos, actividades y adquisición de insumos, descritos en el Anexo Técnico que hace parte integral de la presente resolución.”


Y es así como el Ministerio de Salud deja claro que, si bien es cierto, se confiere autonomía contractual a las Direcciones Territoriales en Salud, ello no implica, que se deja de lado el hecho que el la contratación del PIC se debe hacer prioritariamente con la ESE vinculada a la entidad territorial; ya que se concede dicha prioridad por mandato legal ( LEY 715 DE 2001, RESOLUCION 518 DE 2015) y no por voluntad de las partes. Teniendo en cuenta lo anterior, se muestra diáfano y protuberante, el hecho que en materia de contratación del PIC no es de recibo el fraccionamiento de la contratación salvo los eventos taxativamente señalados en el artículo 14 de la Resolución 518 de 2015.


Reiterándose lo anterior, con la prohibición establecida en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001 que a su tenor reza: “(…) Ningún municipio podrá asumir directamente nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes y están obligados a articularse a la red departamental (…)” y la orden dada por el artículo 26 de la la Ley 1122 que a su tenor reza: “La prestación de servicios de salud por parte de las instituciones públicas solo se hará a través de Empresas Sociales del Estado (ESE) que podrán estar constituidas por una o varias sedes o unidades prestadoras de servicios de salud. En todo caso, toda unidad prestadora de servicios de salud de carácter público deberá hacer parte de una Empresa Social del Estado.”
Amén de lo anterior, al analizar la naturaleza jurídica de las ESE encontramos que las mismas se erigen en las instituciones a través de las cuales las entidades territoriales pueden ( o deben) cumplir con sus competencias en materia de salud y que por el contrario la descentralización hecha por la Ley 100 de 1993 no se hace para cambiar su naturaleza jurídica sino para que los recursos que ya no se obtendrán directamente vía presupuesto se obtengan a través de la contratación con las entidades territoriales.


Es así como las normas citadas, dejan claro que si las entidades territoriales crean las ESE para la prestación de los servicios que les compete, o amplían sus servicios, y luego tales servicios se van a contratar con otras instituciones, esas contrataciones serían contrarias a los preceptos de la Ley 715 de 2001 y Ley 1122 de 2007; y que solamente se puede dejar de contratar con las ESE en las situaciones específicamente previstas en la norma, relacionadas con la falta de capacidad o insuficiencia de servicios ofrecidos por la entidad y que ir en contravía de lo anterior, sería desconocer la finalidad de las normas que han previsto que las inversiones públicas en salud que tienen a cargo las entidades territoriales, deben ser ejecutadas a través de sus ESE.


Por último pero no por ello menos importante para la cuestión objeto del presente concepto, tenemos que el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN a través de DECRETO 092 DE 2017 reglamentó la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro ,estableciendo taxativamente en su artículo 2 la procedencia de la contratación así :

“Artículo 2. Procedencia de la contratación con entidades privadas son ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Las Entidades Estatales del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y del presento decreto, siempre que el Proceso de Contratación reúna las siguientes condiciones.

a. Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de interés público previsto en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con el nivel de la Entidad Estatal, con los cuales esta busque exclusivamente promover los derechos de personas en situaciones de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana;

b. Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor de la Entidad Estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del contrato; y

c. Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades privados sin ánimo de lucro; o que, si existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente la optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo. En los demás eventos, la Entidad Estatal deberá aplicar la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y reglamentos.

La Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal que contrata bajo esta modalidad deberá indicar expresamente en los Documentos del Proceso, cómo el Proceso de Contratación cumple con las condiciones establecidas en el presente artículo y justificar la contratación con estas entidades en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo.

Estas Entidades Estatales pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad en los términos del presente decreto, previa autorización expresa de su representante legal para cada contrato en particular que la Entidad Estatal planee suscribir bajo esta modalidad. El representante legal de la Entidad Estatal no podrá delegar la función de otorgar esta autorización.
La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización respectiva”

Por todo lo anterior, huelga concluir que existe una clara imposibilidad de contratar  el PIC  a través de entidades privadas sin animo de lucro que debe ser tenida en cuenta por las entidades territoriales, a fin de evitar incurrir en faltas disciplinarias. 

{
}
{
}

Deja tu comentario NUESTRO CONCEPTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE CONTRATACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre