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MÁS ES LA BULLA, QUE LA CABUYA ( CAMBIOS EN LA FORMA DE ELECCIÓN DE LA TERNA PARA FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN)

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MÁS ES LA BULLA, QUE LA CABUYA ( CAMBIOS EN LA FORMA DE ELECCIÓN DE LA TERNA PARA FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN)

El artículo 249 de la Constitución Política señala que “La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”; de dicha normativa se deduce que nuestro sistema es presidencial, y que: 1) “ con el fin de elegir al Fiscal General de la Nación, el constituyente estableció en el inciso 2º del artículo 249 de la Constitución Política un proceso en el que concurren, de un lado, la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva mediante un acto de postulación: “terna”. Y, de otro, el Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, la Honorable Corte Suprema de Justicia, Corporación a la que se le confió la elección de la referida autoridad. Dentro de este marco, la atribución a cada una de dichas autoridades es inescindible, pues sin la postulación del Presidente de la República, la H. Corte Suprema de Justicia no podría elegir, situación que relieva el principio de colaboración armónica con el cometido estatal de nombrar al titular de la Fiscalía General de la Nación.” y “2) De conformidad con el diseño constitucional, se advierte que la atribución asignada al Primer Mandatario del Estado para elaborar la terna, está determinada por el cumplimiento de los requisitos y calidades constitucionales y legales de cada uno de los aspirantes”

De todo lo anterior se deduce que, fue la voluntad del constituyente el otorgar la facultad discrecional al Presidente de la República para presentar a la terna de donde será elegido el Fiscal General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia.
En el año 2016, se expidió el Decreto Reglamentario 450 de 2016, por gracia del cual se estableció el trámite para la integración de la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación por parte del Presidente de la República, el cual señala que:
Artículo 1°.Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer el trámite para la integración de la terna para Fiscal General de la Nación, que corresponde conformar al Presidente de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 249 de la Constitución Política y 29 de la Ley 270 de 1996.
Artículo 2°.Calidades de los ternados. La terna de candidatos a Fiscal General de la Nación que presente el Presidente de la República deberá estar integrada por ciudadanos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para ejercer el cargo, cuidando que se incluya por lo menos a una ciudadana colombiana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 581 de 2000.
En la conformación de la terna se observará que los candidatos aseguren probidad, independencia, idoneidad, carácter y solvencia académica y profesional.
Artículo 3°.Invitación pública. Dentro de las dos (2) semanas anteriores a la fecha cierta en que culmine el periodo del Fiscal General de la Nación, se invitará públicamente, mediante aviso que se publicará en un periódico de amplia circulación nacional, a quienes reúnan los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la ley para tal cargo, con el fin de que dentro de los siete (7) días calendario siguientes a dicha publicación, postulen su nombre allegando al Ministro de la Presidencia de la República su hoja de vida, con los soportes documentales que correspondan.
Artículo 4°.Elaboración de la lista. Una vez vencido el término señalado, el Ministro de la Presidencia de la República remitirá la lista al Presidente de la República, quien, en un término de dos (2) días calendario, elaborará la lista definitiva de candidatos, en la que podrá incluir el nombre de otros ciudadanos.
Artículo 5°.Publicación de la lista definitiva. Una vez conformada la lista definitiva, Esta se publicará inmediatamente en la página web de la Presidencia de la República señalando expresamente si el candidato envió su hoja de vida según lo señalado en este Decreto o fue incluido por el Presidente de la República.
Se creará un canal, a cargo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para que los ciudadanos se pronuncien frente a los candidatos y se informará en medios de comunicación de amplia circulación la existencia del mismo. La ciudadanía contará con un término de cinco (5) días calendario, contados a partir de la publicación de la lista definitiva, para hacer llegar por escrito, de manera sustentada y a través del canal creado para este fin, las observaciones y apreciaciones que se consideren de interés respecto de los candidatos inscritos.
Dentro del mismo término la Secretaría Jurídica de la Presidencia podrá solicitar la opinión de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas, sobre los nombres inscritos en la lista.
Una vez vencido el término anterior, el Ministro de la Presidencia remitirá inmediatamente al Presidente de la República las observaciones y apreciaciones que le hayan sido presentadas por los ciudadanos.
Artículo 6°.Entrevista. Recibidas las observaciones y apreciaciones de los ciudadanos, el Presidente de la República podrá realizar entrevistas a los candidatos, caso en el cual se deberá establecer y divulgar previamente un mecanismo para la realización de las mismas que garantice equidad y transparencia.
Artículo 7°.Divulgación de la terna. Una vez el Presidente de la República elabore la terna, dará a conocer a la opinión pública a través de medios de amplia circulación los nombres que la integran y, posteriormente, por intermedio del Secretario Jurídico de la Presidencia, la presentará a la Corte Suprema de Justicia.

Con dicho procedimiento se pretendía incluir procedimientos que buscaban mayor transparencia en la elección de Fiscal General de la Nación, entre ellos una convocatoria pública, y por medio del mismo se eligió a NESTOR HUMBERTO MARTINEZ como FISCAL GENERAL DE LA NACION, elección esta que en su momento señaló el Presidente Juan Manuel Santos Calderón que: “Por eso hoy me siento muy satisfecho al poder posesionar como cabeza de la Fiscalía General de la Nación a una persona que –como Néstor Humberto Martínez– cuenta con las mejores cualidades para desempeñar este cargo con probidad y con éxito” ( Pedro Pueblo señala que los hechos demostraron que no hubo ni probidad ni éxito).

Hace escasos cinco días, el Presidente Ivan Duque Marquez expidió Decreto 1163 de 2019, que derogó el Decreto 450 de 2016; señalando que: “ La atribución reconocida al Ejecutivo para integrar la terna que debe presentar a la honorable Corte Suprema de Justicia para la elección de Fiscal General de la Nación es una competencia exclusiva y autónoma del Presidente de la República, que debe ser ejercida en los estrictos y precisos términos de lo consagrado en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conforme a la regla especial de procedimiento allí prevista, sin que por vía reglamentaria pueda ser modificada ni sometida a reglas distintas de elección establecidas para la designación de otro tipo de servidores públicos” y “El Honorable Consejo de Estado en Sentencia del 30 de marzo de 2017 de la Sección Quinta, Radicado 2016-00067-00 consideró que, cuando la Constitución establece la forma de elección de un funcionario público, se debe proceder a aplicar el procedimiento previsto en la propia Carta Política” ( En efecto en su momento el Honorable Consejo de Estado determinó que “el Presidente de la República no estaba obligado a realizar una convocatoria pública para conformar la terna para la designación del Defensor del Pueblo, pues no hay ninguna regla legal o constitucional directa que imponga el derecho individual o abstracto de intervenir en la formación de la terna. En consecuencia, el único titular de la facultad para integrar la terna es el Presidente de la República y, mientras no rija norma expresa en contrario, no existen otros entes o personas legitimadas para intervenir en esta labor”)


Los detractores de la anterior decisión, ya han elevado sus voces de protesta señalando que lo que se quiere es buscar un fiscal de “bolsillo” e incluso los Honorables Congresistas (Ya para que) han señalado que “presentaran un acto legislativo encaminado a introducir el componente meritocrático para la elección del jefe de la Fiscalía”.


Pero lo cierto es que a pesar de todas las críticas. Realmente no hubo mayor cambio en las reglas de juego, pues a pesar de que el decreto derogado “pretendió generar un ambiente de transparencia y meritocracia en la elección del Fiscal General” igual se terminó eligiendo alguien de la cuerda del entonces Presidente; recordando que en su momento, se hundió un proyecto de acto legislativo que se hundió por los embelecos de la reelección y que a su tenor rezaba:
“ARTÍCULO PRIMERO: El artículo 249 de la Constitución Política quedará así:
La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.El Fiscal General de la Nación será escogido por la Corte Suprema de Justicia, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por el Presidente de la República, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, para un período de cuatros años y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber sido candidato a ningún cargo de elección popular ni haber ejercido funciones de responsabilidad en partidos o movimientos políticos. Ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la presentación, dentro del primer trimestre de su período constitucional, de un plan de desarrollo de las políticas criminales que fije el Estado conforme lo indica el numeral 3 del artículo 251 de esta Constitución.

Igualmente será función del Fiscal General de la Nación presentar al inicio de cada legislatura un balance general sobre el desarrollo y ejecutorias de las políticas criminales fijadas por el Estado. 

La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”

Así las cosas mi gente, tenemos que no hay razón entonces para rasgarse las vestiduras por la derogatoria del Decreto 350 de 2016; pues finalmente el mismo no evito la politización de la elección del Fiscal General de la Nación, como su cacareada transparencia evitó la elección de un "fiscal de bolsillo"; lo que si es cierto el Presidente de la República debió en vez de esgrimir el comodín de la “legalidad” buscar por el contrario un mecanismo que garantizara mayor deliberación de los ciudadanos en las calidades que debe tener el próximo Fiscal General de la Nación y propendiera por la independencia y la separación de poderes (Lastimosamente eso es imposible en el actual clima político en que nos encontramos e igual hiciera lo que hiciera lo iban a a criticar)

 

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